En España, según datos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, se encuentran actualmente en prisión 127 personas condenadas (tanto migrantes, la mayoría, como españoles) por delitos contra la propiedad intelectual.

La mayoría de los manteros, una forma de subsistencia que escasamente les permite sobrevivir, son subsaharianos. Desde APDHA se ha apoyado la Plataforma "Ni un sólo mantero en prisión" que pretende, en primer lugar, la reforma del código penal que evite el ingreso en prisión de las personas que trabajan como manteros, y mientras tanto, se están tramitando indultos (tramite legal para conseguir el "perdón" de la pena) a todos aquellos que se encuentran en nuestras prisiones andaluzas. O.E. de Senegal y A.K. de Liberia son los primeros en conseguir la libertad porque mientras llegan o no sus indultos se ha solicitado la suspensión de sus condenas y en los casos en que se las han denegado APDHA ha pagado las multas y responsabilidad civil impuestas, con el dinero recaudado por la plataforma estatal (apoyada por diversos colectivos en toda España).

La propiedad intelectual e industrial son intereses dignos de protección, pero desde APDHA creemos que NO debe hacerse a costa de la criminalización e ingreso en prisión de los  últimos eslabones de la cadena,personas migrantes frágiles e indefensas. Es una reacción desproporcionada, que lesiona buena parte de los principios del derecho penal en un estado social y democrático, como el nuestro.LAs organizaciones que se lucran de este negocio, sin embargo, no se encuentran en las prisiones y raramente son detenidos.

Las sanciones por los delitos contra la propiedad intelectual se agravaron con la reforma del Código Penal del 2003. Hasta entonces se trataba de un delito privado, es decir, sólo perseguido si era denunciado por los titulares de los derechos de propiedad, y la policía sólo les requisaba la mercancía. Por la presión de sociedades de gestión de derechos musicales y audiovisuales como la SGAE, EGEDA o ACAM, el delito se convirtió en público (art.270 del CP) con penas de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 12 a 24 meses (como los "manteros"no tienen medios económicos, las penas de multa se tornan en más días de prisión, como mínimo 6 meses más).

APDHA está en total desacuerdo en el actual uso de la justicia penal para defender intereses económicos privados. Dichos intereses deben ser protegidos, pero nunca con penas privativas de libertad, y menos aún cuando terminan siendo dirigidas casi exclusivamente contra personas extremadamente vulnerables. El dolor y sufrimiento que estas penas suponen no solucionan, por otra parte, el problema de la vulneración de la propiedad intelectual, ya que la piratería física, según la SGAE, suponen solamente el 10% de dicha vulneración. Son las descargas de internet el mayor problema al que habrá que dar solución, que además hoy en día no se sanciona con la prisión.

La desproporción del código penal castigando esta conducta resulta evidente si comparamos otros delitos más reprochables socialmente y que están castigados con menos pena: conducir borracho (art.379: prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses); acabar con la vida de alquien por imprudencia leve (art.621.2: multa de 1 a 2 meses); defraudar a Hacienda de la Comunidad europea entre 4000€ y 50000€ (art.627: multa de 1 a 2 meses); etc.

Los inmigrantes en situación administrativa irregular (comúnmente conocido como "sin papeles") además sufren un mayor rigor de la justicia, ya que no suelen poderse acoger a las opciones existentes para españoles o residentes legales, como la sustitución de la pena por la multa o la suspensión de la pena privativa de libertad para condena menores a 2 años, además están expuestos a que su condena sea sustituida por la expulsión del país. Cuando terminan de cumplir las penas imputadas no podrán regulizar sus situación hasta que no caduquen sus antecedentes penales.

El Nuevo anteproyecto de reforma del Código Penal, prevé la reducción de las condenas del art. 270.1 del CP, pero continúa existiendo la posibilidad de penas privativas de libertad. Cualquier reforma que no pase por eliminar la prisión es intolerable para una sociedad avanzada, democrática y que defienda los derechos humanos.